En el marco de tres procedimientos distintos coordinados por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA), dependientes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), detuvieron en la zona del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) a tres sujetos con pedido de captura nacional e internacional, por los delitos de violencia de género y comercialización de estupefacientes.
El primer caso tuvo lugar en la localidad de Gregorio de Laferrere en diciembre del año pasado, cuando el ahora detenido, un ciudadano argentino de 35 años, agredió a su ex pareja mediante golpes de puño luego de que la mujer decidiera poner fin a la relación sentimental. Al día siguiente, el agresor se presentó en la vivienda de la madre de la víctima y volvió a amenazarla con un arma de fuego, efectuando varios disparos al aire con el objetivo de amedrentarla para que retomaran la convivencia.
Tras judicializarse el hecho, el implicado se dio a la fuga y su paradero se volvió desconocido para las autoridades. En ese contexto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia Familiar, de Género y Sexual N°1 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la Dra. Lorena Picorelli, encomendó a los federales la localización y detención del prófugo.
Como resultado de diversas tareas de inteligencia, los detectives lograron establecer que el sujeto se ocultaba en otro domicilio de la misma zona. Luego de varios días de vigilancia, el personal policial identificó al sospechoso cuando salía del inmueble.
Con la autorización del Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza, a cargo del Dr. Rubén Norberto Ochipinti, se concretó su detención en la vía pública, sobre la calle Urdaneta al 5000, quedando imputado por el delito de “Amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego”.
El segundo operativo se desprende de una causa iniciada tres años atrás, cuando autoridades federales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el partido bonaerense de La Matanza, la cual se encontraba directamente vinculada con un ciudadano argentino de 35 años que comercializaba grandes cantidades de pasta base. Durante dicho procedimiento también se incautaron armas de fuego.
Sin embargo, en aquella ocasión el responsable de las actividades ilícitas no se encontraba en la finca. Tiempo después, el Comando Único Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) solicitó a los detectives de la División Búsqueda de Prófugos que localicen y detengan al sospechoso.
En consecuencia, los uniformados realizaron diversas tareas de campo y compulsas en diferentes bases de datos, análisis en redes sociales y reiterados rastrillajes, determinando que el prófugo se encontraría trabajando en un comercio dedicado a la venta de dispositivos electrónicos, ubicado en el barrio porteño de Mataderos.
Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de la Dra. Carina Andrijasevich, con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo del Dr. Alejandro Litvack, ordenó la detención del involucrado, la cual se concretó sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5700, en la vía pública. El detenido quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737) y por el delito de “Portación ilegal de armas y explosivos”.
Finalmente, el último hecho tuvo su génesis cuando el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la Dra. María Servini, con intervención de la Secretaría N°2 del Dr. Adolfo Omar Piendibene, convocó a los federales con el objetivo de materializar la detención de varios individuos que conformaban una estructura delictiva dedicada a la venta y distribución de estupefacientes, tanto dentro como fuera de la Unidad Residencial N°2 del Complejo Penitenciario Federal ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.
Según las investigaciones llevadas adelante, la maniobra se concretaba mediante la introducción de narcóticos durante el régimen de visitas a los internos, utilizando diferentes métodos de ocultamiento y contando con la colaboración de numerosos implicados.
Asimismo, la organización ofrecía a sus clientes la posibilidad de efectuar los pagos tanto en efectivo como de forma online, utilizando una reconocida billetera virtual. A partir de esa modalidad, los investigadores obtuvieron valiosa información vinculada a los involucrados gracias al análisis de movimientos bancarios y transferencias.
De ese modo, los agentes de la PFA lograron la aprehensión de un ciudadano argentino y de una mujer de nacionalidad peruana entre septiembre de 2025 y enero de 2026, respectivamente. No obstante, las averiguaciones continuaron y permitieron individualizar a otro integrante de la banda que, aun encontrándose privado de su libertad, organizaba y dirigía la totalidad de las maniobras al recibir la droga dentro del penal para posteriormente distribuirla tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.
En ese contexto, los investigadores realizaron un pormenorizado análisis de datos provenientes de distintas empresas de telefonía, surgiendo información sobre un dispositivo vinculado al tercer sospechoso, quien residía en un domicilio ubicado en el barrio porteño de Almagro.
Por tal motivo, el tribunal interventor autorizó la implementación de un sigiloso servicio de vigilancia en las inmediaciones del inmueble, el cual arrojó resultados positivos al cabo de varios días, cuando los federales observaron al sospechoso salir de la finca, procediendo a su detención sobre la vía pública, en la calle Guardia Vieja al 3000.
Cabe destacar que este individuo se encuentra requerido por las autoridades judiciales de la República del Perú, por lo que quedó a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del Dr. Julián Ercolini, Secretaría N°20 de la Dra. María Sosa, a la espera del correspondiente proceso de extradición.