La normativa original, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial porque las considera como reservas estratégicas de agua dulce. De hecho, según la Organización Meteorológica Mundial, el 70% de las reservas de agua dulce está contenida en los glaciares.
En cambio, el Gobierno busca es priorizar las actividades productivas tanto minera como hidrocarburífera en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Y atraer y dar luz verde a proyectos mineros internacionales. Para ello, abrirá la posibilidad de hacer explotación de recursos naturales en glaciares si no se consideran hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Hasta hoy eso no puede hacerse.
Esto implica que los glaciares deberán funcionar “como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”. Si esto no se verifica a través de las autoridades provinciales y apoyo del Instituto Nacional de Glaciares (Ianigla) entonces dejará de ser un terreno protegido.
El proyecto también refuerza el rol de las provincias, porque implica que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a los gobiernos provinciales y les otorga mayor poder de decisión para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.
Para organizaciones ambientales, que el Congreso apruebe estos cambios no solo sería un retroceso ambiental, sino que podría dejar a la Argentina en desventaja frente a una crisis climática creciente. Es muy difícil determinar con un análisis de un año si algo es o no hídricamente relevante para el futuro.
En este momento hay un aumento de la sequía, sumado al hecho que los glaciares no se regeneran, sino que desaparecen. Por ello, habría que considerar si se va a garantizar la seguridad hídrica y la sustentabilidad de las personas y el medio ambiente.
En definitiva, la gran incógnita es si las provincias hipotecarán el futuro del agua por un canon, que en la mayoría de los casos, es mínimo o insuficiente; si el Gobierno negociará con el agua como moneda de cambio para obtener votos legislativos o, en cambio, primará una visión ecologista que no convierta la tierra en un desierto.