El presidente Javier Milei intervino este miércoles el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena a través de una resolución en el Boletín Oficial tras acusaciones de «beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones» y de impulsar tomas de tierras.
La medida, publicada a través del Decreto 285/2024, lleva la firma del mandatario libertario y del ministro de Economía, Luis Caputo. El organismo estará intervenido por un plazo de 90 días y quedará bajo las órdenes de la abogada del PRO Inés Liendo.
De esta manera el Gobierno suspendió todas las acciones «en relación con los programas y acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígne, es el propio personal del Instituto quien busca y detecta al potencial beneficiario, lo asesora, lo guía e impulsa la tramitación».
«Dicho accionar da lugar a beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervendrían en los procesos de asignación», agregó.